Desde el nacimiento de UPyD llevamos señalando uno de los problemas básicos de nuestro
sistema, culpable en gran medida de todo lo que ha venido sucediendo en nuestro
país y de la diferencia con respecto al resto a la hora de salir de ella: si no se arregla, esa salida será mucho más
tardía por no decir inexistente. Se trata del cierre del modelo de Estado, de la delimitación clara de competencias de cada uno de los niveles de
la administración en función de la determinación de cuál de ellas es la más
adecuada, más eficiente a la hora de dar el mejor servicio posible a la
ciudadanía. Obviamente cada partido, cada ideología, tiene su punto de vista y
por tanto entendemos que es vital un consenso, un Pacto de Estado en este
sentido.
El gobierno actual se ha lanzado a hacer una reforma “para la racionalización y sostenibilidad de la administración local”.
Lejos del consenso, unilateralmente, propone una serie de medidas disfrazadas de populismo que lo único que hacen de hecho es
recortar, aún más si cabe, la maltrecha democracia. Han perdido una
oportunidad de oro para remangarse de verdad y, pensando realmente en lo más
adecuado para la ciudadanía, no en como perpetuarse en el poder como partido a
pesar de ella, hacer posible una administración más racional, eficaz y justa,
que se base en hacer llegar a la ciudadanía los servicios necesarios para
facilitarle la vida al menor coste posible, con la mejor calidad, garantizando
la austeridad y la transparencia, sin mermar el control democrático de las
administraciones por parte de la oposición, básico para no eliminar la
democracia en sí misma.
Por un lado, deciden que los servicios sociales, aquellos
que atienden a las personas más desfavorecidas y que en los últimos años se han
desbordado ante la necesidad real, por el empobrecimiento de la gente en
general y el aumento de la marginalidad que implica el creciente desempleo y
los permanentes recortes y subidas de la vida que recáen en las clases medias y
bajas de la ciudadanía, no van a ser desarrollados por los ayuntamientos,
administración más cercana a la persona de a pié, los más adecuados para
hacerlo. No contentos con los recortes en Servicios Sociales en los prepuestos
de este año que suponen un recorte de un 68,6% con respecto a 2011 y de un 42%
con respecto a 2012 en concreto en lo que se refiere al Plan Concertado
aprobado en los años 80 “con el objetivo de mantener un sistema de servicios
sociales de nivel primario para atender a toda la ciudadanía y para dar
respuesta a las exigencias de la Constitución Española, de garantizar una serie
de derechos sociales que permite el ejercicio de la igualdad de oportunidades”
(texto literal de los presupuestos de Estado del señor Rajoy del presente año
cuando se refiere a esta partida, al Plan Concertado), deciden alejar de la
persona más necesitada, los servicios más básicos de un Estado del Bienestar
que realmente apueste por la igualdad de oportunidades a través de los
servicios sociales.
La reforma se ha convertido en un paripé, donde se pretende hacer creer a la ciudadanía
que ciertamente van a meter mano a los desmanes, al despilfarro y a la falta de
transparencia, y en realidad hacen todo lo contrario.
Por un lado el despilfarro continúa: se niegan a fusionar
ayuntamientos lo cual eliminaría la necesidad de las diputaciones, entidades no
democráticas en tanto en cuanto no son elegidas de forma directa, que
“casualmente” gobierna el PP en mayoría en la actualidad. Las diputaciones son
los órganos menos transparentes de la administración. El acceso a las mismas dista
mucho de regirse por los principios de mérito, capacidad e igualdad de
oportunidades. Tienen los convenios y
sueldos más elevados de toda o casi toda la administración (más o menos a la
par que los de las Universidades). Se mantienen los ayuntamientos por
minúsculos que sean pero a la vez se vacían de contenido y en vez de hacer
posible su fusión con los colindantes, se pasan sus competencias a las
diputaciones (más lejanas siempre).
La transparencia por tanto, al alejar los servicios de las
instituciones democráticamente elegidas deja mucho que desear. A su vez, la
oposición cuya función es controlar el gobierno del municipio en cuestión, si
no llega a tener representación en las diputaciones, se elimina.
Al hilo igualmente de la falta de transparencia y control, actualmente
más del 95% de los ayuntamientos tienen menos de 20.000 habitantes y en ninguno
de ellos la oposición se libera para hacer su labor de control. Obviamente
ningún sistema puede costear 68.221 concejales que hay hoy por hoy en España.
Pero la realidad es que sólo en las
capitales de provincia y en poblaciones con cientos de miles de habitantes se
libera a parte de la oposición para poder hacer su función de control
democrático. Hay 63 municipios, de los 8116, con más de 100.000 habitantes.
El control democrático no llega por
tanto al 1% (el 0,78%) de los municipios españoles. El haber apostado por
una fusión de municipios habría podido eliminar las diputaciones por un lado,
recortar el número de representantes si bien no la representatividad
democrática ni el pluralismo político, y por tanto garantizar que un mínimo de
representación real y plural de la oposición, en todas las localidades,
pudieran hacer ese ejercicio necesario de control sobre los equipos de
gobierno.
Por otro lado se vende que se pone un límite a los sueldos
de los Alcaldes. Desde UPyD lo hemos venido pidiendo en múltiples ocasiones y
nos hemos encontrado con la negativa e incluso burla tanto del PP como del PSOE
y de IU (como se puede ver en el link de más abajo del debate al respecto en la
Asamblea de Madrid, hace relativamente poco). Es “curioso” que el límite
establecido sólo lo sobrepasen actualmente y por poco los 100.000€, muy por
encima de lo que cobra el propio Presidente del Gobierno. Está claro el freno interno
que en poner estos límites ha sufrido el PP. Si bien es necesario dicho límite,
sigue siendo desorbitado y más un paripé que una reglamentación seria basada en
la responsabilidad real que tiene cada cual a la hora de llevar a cabo sus
funciones.
En el tema de los asesores/
personal de confianza el despropósito no podría ser mayor. Recordar que nada dice esta propuesta de que estas
personas tengan la obligación de acreditar la pericia por la cual se les
contrata, sea ésta cual fuere y de que se cuelgue en las respectivas webs
los méritos y capacidades por las cuales son elegidas/os por su respectivo
partido. Curiosamente cuando más grande es el municipio más % de asesores se
permite contratar, cuando son precisamente los municipios más grandes los que
mayor cantidad de personal técnico de la administración pública tienen, y por
tanto menos falta se supone que haría un asesoramiento externo. Hasta tal punto
llega esta sinrazón, que en el caso concreto de Granada, resulta que en la
actualidad hay 25 concejales liberados y 20 personas contratadas de forma
eventual como apoyo/asesoramiento a los partidos. Un total de 45. La nueva
propuesta del gobierno limita a 18 concejales liberados y sin embargo permite
que haya 27 personas contratadas “a dedo”. Un total de 45 personas. Es decir,
que la nueva propuesta no elimina costes en tanto en cuanto tendríamos
exactamente las mismas personas contratadas. Y la nueva propuesta no limita los
sueldos de estas personas eventuales. Así, los concejales cobran en esta ciudad
49.514€ mientras que los asesores más de 57.000€. Se podría dar la paradoja,
por tanto, de que en nombre de la austeridad, se recorte la democracia
eliminando el control de los cargos electos de la oposición y sin embargo nos
cueste más dinero porque se aumenta el personal de confianza. Esta es la
propuesta real del PP.
Cuando la propuesta termina diciendo en el documento que
presentó el gobierno y que se adjunta más abajo, que se profesionaliza la
administración local, ¿es esto, lo que entiende por profesionalizar, eliminar
la democracia frente el aumento de la dedocracia y de la potenciación de
instituciones no elegidas por la ciudadanía?. Sencillamente penoso. Penoso que
en pleno siglo XXI un gobierno supuestamente democrático, ante una de las
situaciones más delicadas de las últimas décadas, sea esto lo que pretenda
llevar a la práctica. Enlace al documento.
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