Un Modelo de Estado para España

España es un país rico en diversidad y por tanto heterogéneo histórica y culturalmente. Si nos limitamos a épocas recientes, España no ha sido un Estado Centralista, exceptuando las épocas de dictaduras en las que no habla el pueblo sino el dictador de turno. Es por ello que desde nuestro partido entendemos que, de los diferentes modelos posibles de Estado, éste, el centralista, como el francés por ejemplo, no sería viable ni aceptado en nuestro país. 

Por otro lado el enfoque de la transición española para construir un nuevo país democrático que diera respuesta a dicha heterogeneidad y diversidad, inventó una fórmula novedosa y única que ha supuesto un gran avance para nuestro país: las Comunidades Autónomas, que ciertamente han sido las creadoras de un gran cambio cualitativo en todo el territorio. 

No obstante, la aplicación de este modelo en los últimos años ha generado una fuerte problemática. El que la Constitución dejara abierto el proceso de delegación de competencias del Estado hacia las CCAA, sine díe, unido a la falta de partidos que realmente velen por el todo, por los intereses comunes de las personas que vivimos en todo el territorio nacional, ha generado una carrera, primero de los partidos nacionalistas y más tarde de todos los varones de los partidos al uso, hacia el aumento de poder y el intento de negociación de privilegios de unas comunidades sobre otras. Lo que ha terminado generando profundas desigualdades que, desde UPyD, entendemos que no se pueden permitir ni mantener.

A la vez, este modelo ha permitido la proliferación de múltiples formas administrativas en su descentralización, muchas de las cuales se solapan, multiplicando costes, generando estructuras nada racionales ni eficaces, que nos llevan a la situación actual en la que se hace urgente un cambio en el modelo de gestión de las competencias, haciendo posible por un lado continuar con aquello positivo que generó el modelo basado en las CCAA y reformulando lo que ha dado lugar a estructuras poco eficaces, que crean desigualdad, que van en contra de la racionalidad y de la eficacia, e incluso implican despilfarro y que ahondan en un peligroso clientelismo que amenaza a su vez a la propia democracia.

Así, buscando un modelo igualitario y solidario que implique la cohesión social y territorial del país a corto, medio y largo plazo, que permita que todos nos beneficiemos de la riqueza que supone la diversidad, en la misma línea lógica que nos ha llevado a formar parte de la Unión Europea, entendemos que España debe apostar por un modelo Federal. Ello supondría un estado descentralizado que mantiene un núcleo unitario intocable de competencias, no delegable en ningún caso, que garantice la igualdad, la solidaridad y la cohesión como son, desde nuestro punto de vista, la educación, la sanidad, la fiscalidad y la justicia, entre otras. El Estado podría delegar su gestión pero nunca la titularidad de las mismas.

Supone además nuestra propuesta de modelo de Estado para hacer posible dicha racionalidad y eficacia, todo un nuevo modelo de estructuración territorial, de las diferentes administraciones. Se han de replantear y definir claramente las competencias a desarrollar por cada nivel administrativo y determinar la financiación adecuada, con la justa participación de cada administración en la distribución del total del dinero público.

Para una verdadera racionalización de la administración local que recordamos existe para dar los servicios más cercanos a la ciudadanía, tendremos que reformular la dimensión de los municipios. No olvidemos que somos de los pocos países europeos que no hemos acometido todavía dicha restructuración. Tenemos 8.114 municipios, donde el 80% tiene menos de 5.000 habitantes y más del 60% de los mismos tiene menos de 1000, lo cual hace imposible, por falta de recursos, que dichas estructuras administrativas cumplan su función: dar servicios básicos a la ciudadanía. De esta forma eliminaríamos a su vez las diputaciones que basan su “necesidad” en la precariedad de esos pequeños municipios a los que asisten.

A su vez se trataría de evaluar todas las estructuras, entes e instituciones paralelas con el fin de eliminar duplicidades innecesarias.

Con toda esta reformulación de la organización del Estado y de las distintas administraciones, entendemos que lograríamos crear un Estado fuerte, racional y eficaz a la vez que cohesionado, igualitario y solidario. Se podrían mantener los servicios públicos esperados en un Estado del Bienestar que entendemos posible e irrenunciable, pero que hoy se está recortando con la excusa de la carencia de recursos económicos, mientras se mantienen estructuras administrativas inútiles, injustas, despilfarradoras e insolidarias que no velan por la ciudadanía y por sus derechos sino por los territorios y por el mantenimiento de diversas clases de clientelismo. 

Estas desviaciones mencionadas han dado origen a la creación de una casta política que ha olvidado su verdadera finalidad: buscar el bien común y la mejor forma posible de convivencia. Y, a su vez, ha creado una suerte de tendencia centrífuga en el país, potenciada tanto por los partidos que ideológicamente siempre la han buscado como por aquellos que han convertido la búsqueda del aumento del poder de sus comunidades en una forma de aumento de su poder personal dentro de cada partido.