Como nuestra diputada anunció en el pasado Debate del Estado de la Nación, la corrupción política de las instituciones es cada vez más un hecho no ya sólo patente, sino que además se lanza a bombo y platillo como forma de “solucionar”, por no decir de burlar, por los entresijos legales, algo que se ha declarado, por ejemplo, manifiestamente inconstitucional, como con el asunto del Estatuto Catalán.
Y lo peor no es constatar que es así, sino que se defiende como algo lícito, producto probablemente de la impunidad con la que constantemente se infringe la Ley una y otra vez desde las propias AAPP, que son las primeras que debieran velar por la legalidad, sin que nunca pase nada. Nada de nada. Tanto es así que al final, lo vemos como si fuera algo consustancial al sistema, irreparable, como si estuviese “genéticamente determinado”.
Por fin alguien ha sido capaz de decir YA BASTA, y llamar a cada cosa por su nombre. Esa es nuestra gran labor. Empezar a destapar los entresijos de esta mal llamada política a la que nos tienen ya demasiado acostumbrados, por no decir condenados y castigados.
Y tenemos una ardua tarea por delante. La corrupción política a la que nuestra representante parlamentaria hace alusión recoge entre otras cosas, la nefasta gestión de todas las AAPP, que pasa por acrecentarla de forma brutal no porque haga falta realmente, sino, en demasiadas ocasiones, para saltarse los controles que la propia administración pública tiene para no provocar lo que se está dando: una duplicación brutal de servicios, una administración paralela con la que han construido grandes redes clientelares, saltándose todas las reglas para el acceso del personal a la administración pública y todos los controles económicos sobre el dinero público que debieran darse. Meten a dedo a sus fieles. Crean sindicatos amarillos (pobre del que ose decir esta boca es mía). Dan sueldazos y altos cargos a diestro y siniestro a todos los que han dado “un buen servicio al partido de turno”. Y todo ocurre ante la impotencia de la ciudadanía que contempla la estampa mientras se le dice que esto forma parte del juego democrático, como si se tratase de un mal menor con el que hay que contar y asumir resignadamente.
Nos queda por delante poner encima de la mesa la necesidad de un cambio sustancial en la gestión de las AAPP. Es difícil, sí. Pero tenemos una gran ventaja: no tenemos un lastre clientelar a quien dar cobijo que nos impida hacer las reformas necesarias. Este va a ser uno de nuestros caballos de batalla. Y una vez más, cuando menos, vamos a provocar que los “grandes” partidos tengan que asumir cuando lo señalemos, que esto es realmente un problema que no se puede obviar. Y volveremos a determinar la agenda política de nuestro país, no dejando que nuestros dirigentes sigan mirando para otra parte.
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